Hay que garantizar el derecho a la vivienda

(Artículo publicado en EL FAR, marzo 2015)

Que la desigualdad se ha convertido en uno de los grandes problemas socioeconómicos de este primer tramo de siglo nos lo dicen a menudo las personas expertas y las estadísticas. Y una de las peores consecuencias de esta injusticia es la dificultad con la que los colectivos más vulnerables y más castigados por la crisis tienen que hacer frente al mantenimiento de la vivienda y de unas condiciones de vida dignas, es decir, con agua, luz y calefacción garantizadas. Un drama, sobre todo si se trata de familias con niños. De ahí se derivan problemas de todo tipo, también psicológicos, porque pocas cosas son más angustiantes que el miedo a perder tu hogar.

Por ello, decir que las administraciones públicas con competencias en la materia deberían velar con el máximo celo posible para garantizar el derecho a la vivienda -que, además, está reconocido en la Constitución- y a una vivienda con las mínimas condiciones de dignidad -sin que te hayan de cortar la calefacción en invierno por dificultades en el pago del recibo, por ejemplo- es una obviedad.

Pero este problema, como otros, acaba repercutiendo en los ayuntamientos, que no tenemos competencias en vivienda pero que no podemos, ni queremos, dejar desatendidas las demandas que tiene nuestra ciudadanía en este ámbito tan básico y esencial en la vida de las personas.

¿Qué podemos hacer al respecto? A raíz de los problemas derivados de la crisis, desde el Ayuntamiento de Esplugues hemos seguido tres caminos en paralelo. Uno, habilitar un servicio de mediación en la oficina municipal de vivienda para las familias con dificultades para hacer frente a la hipoteca o el alquiler encuentren la posibilidad de renegociar las condiciones económicas y salvar la vivienda. Y así hemos hecho con más de 40 casos en la ciudad en dos años.

Una segunda vía ha sido el incremento de ayudas puntuales de emergencia relacionadas con el mantenimiento de la vivienda y para paliar situaciones de pobreza energética. Esto ha significado una inversión de unos 180.000 euros en los últimos dos años.

Y la tercera, sentarnos con las entidades bancarias para que saquen sus pisos vacíos al mercado de alquiler social, con la advertencia de que si no lo hacen serán sancionadas. Esta medida hará que 26 pisos vacíos de Esplugues afloren al mercado de alquiler asequible.

En definitiva, para no tener competencias, los ayuntamientos que apostamos para evitar la exclusión social y reducir las desigualdades crecientes estamos demostrando que no somos meros espectadores de la crisis.

Unos resultados esperanzadores

(Artículo publicado en EL PONT, febrero 2015)

Nos pusimos manos a la obra para paliar, en lo posible, los efectos de la crisis económica sobre la población de Esplugues. Y después del nuevo impulso que supusieron las medidas del Pacto para la Dinamización Económica y el Empleo creo que podemos sentirnos relativamente satisfechos de los resultados conseguidos. Resultados que, además, son la evidencia de que nuestra ciudad tiene el potencial económico suficiente para capear muchos temporales.

El consenso al que llegamos todos los grupos políticos del consistorio para hacer frente a la crisis ha contribuido a impulsar y poner en marcha acciones que han facilitado a cientos de personas encontrar un trabajo, temporal o indefinida.

Y, además, el Ayuntamiento también apoya a las familias para que sus necesidades básicas, con especial atención sobre los niños, estén cubiertas. También en el caso de la vivienda, un derecho del que nadie debería ser privado. En este ámbito, por ejemplo, se ha logrado evitar más de 40 desahucios y negociar 4 daciones en pago, desde la Oficina Local de Vivienda.

Y ahora ampliamos esta red de ayuda a las entidades, muy cercanas a la ciudadanía, para que nos ayuden a detectar casos de riesgo.

Un plan para superar la barrera de la autopista B-23

(Artículo publicado en EL FAR, enero 2015)

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Esplugues hemos empezado a trabajar conjuntamente en un proyecto para integrar la autopista B-23 en el entorno urbano de estos municipios. Un plan ambicioso y vertebrador que tendrá enormes beneficios para los habitantes de estas ciudades, ya que dejaremos de ver la autopista de seis carriles (tres por sentido) como una cicatriz en el tejido urbano.

En el caso de Esplugues, la ganancia es muy evidente. Los 1.260 metros de longitud que tiene la B-23 a su paso por el municipio irán deprimidos, es decir, por debajo de la rasante actual. Y lo más importante es que unos 700 metros, en la parte central, irían cubiertos, lo que nos permitiría ganar un nuevo espacio de 2,4 hectáreas por encima de la futura autopista enterrada en un lugar de gran centralidad. Un gran espacio, con nuevas zonas verdes y para el paseo, que además favorecerá la conexión entre los barrios de montaña y los situados al otro lado de la autopista, como el Centre y el Gall.

Otra de las ventajas es que a ambos lados de la autopista se construirán viales segregados para bicis, peatones y vehículos de transporte público y privado. Esto significa que se podrá ir caminando, corriendo o en bici desde la Diagonal de Barcelona hasta Sant Joan Despí, pasando por Esplugues y Sant Just dentro de un entorno y un continuo urbanos agradables.

Este proyecto se suma al que estamos llevando a cabo entre los ayuntamientos de Esplugues y Barcelona y la AMB para construir un carril bici y peatonal desde la Diagonal hasta la avenida Països Catalans de Esplugues para superar la barrera que ahora forma el nudo de conexión de la autopista con la Ronda de Dalt.

En definitiva, proyectos para hacer unas ciudades más vertebradas y donde la prioridad cada vez más la tengan peatones y ciclistas para poder disfrutar del paseo sin impactos ni barreras visuales.

Enlaces del Ayuntamiento

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